Como cualquier otro aspecto de nuestra educación, las TIC también están inmersas en leyes, normativas y políticas educativas sobre cómo debe llevarse a los centros. Puede ser importante recalcar que en nuestro país nos regimos por dos normativas: la nacional, que es la propuesta por el gobierno y la autonómica, que es la adaptación de la nacional a cada comunidad autónoma.
¿Son novedosas éstas
políticas educativas en relación a las TIC?
Area (Cit. Area et al, 2012) afirma que “las políticas educativas destinadas a incorporar las TIC a las escuelas en el contexto español tienen
una trayectoria histórica de más de un cuarto de siglo”
(p12). Por tanto, podemos conocer de antemano que las políticas educativas en relación
a las TIC no son tan novedosas y actuales. Los autores lo resumen en un periodo
en el que primero fueron políticas impulsadas por el gobierno del país, aunque
posteriormente por cada comunidad autónoma, la gran mayoría de éstas políticas
habían sido financiadas por la Unión Europea y constaba de dotar al profesorado
de una formación en TIC, crear salas de informática y otros materiales
digitales. Pero se resalta la tríada de años de 2009 a 2012 donde se lleva a la
práctica la política nacional “Programa Escuela 2.0.”, en esos años las
comunidades compartían los mismos intereses, tenían los mismos objetivos y
presupuestos similares, pero fue interrumpida bruscamente.
¿Qué fue concretamente el “Programa
Escuela 2.0.”?
Recordáis cuando anteriormente hablamos del Modelo
1:1, pues eso es lo que se destaca de esta política educativa. Según Area et al
(2012) comenzaron en la primera década del siglo XXI y lo que más se destaca
fue el dotar a cada estudiante de un ordenador. El origen de esta política no
era aislado a lo que ocurría en gran parte de países más desarrollados, sino
que surgieron en los países más desarrollados del planeta como son América del
Norte, Europa y países como Japón y Corea del Sur.
Tuvo un presupuesto inicial de 200
millones de euros, cofinanciados entre el gobierno central y las Comunidades
Autónomas, y se destinó, en principio, a los alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria, aunque en Cataluña y Extremadura se centró en los primeros cursos de
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). (…) Los gobiernos autónomos eran competentes
para adoptarla o no (…) Las comunidades autónomas que no quisieron adoptar
dicha política fueron las de Madrid y Valencia (Area et. al, 2012, p.13).
Figura 1: Señalización de las Comunidades Autónomas no
participantes en el Programa Escuela 2.0. con la dotación de un ordenador por
estudiante (modelo 1:1). Recuperado de: http://www.red2000.com/spain/region/1index.html
y adaptación del mapa para elaboración propia.
¿Y ahora qué tenemos?
Figura 2: Modelo 1:1 de la Junta de Andalucía. “Un portátil para
cada alumno”. Recuperado de: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/andalucia/1349696898_979591.html
En la actualidad, desde que en 2012 se dejó de
proporcionar el Programa Escuela 2.0., no es que se hayan dejado de crear políticas,
pero sí afirman los autores que:
No existe una política o programa
alternativo al Programa Escuela 2.0. destinado a impulsar de forma coordinada
entre las Comunidades Autónomas los procesos de integración de las TIC en el
sistema escolar español.
-Se ha reducido de forma muy notoria las
subvenciones destinadas a los materiales didácticos tradicionales (como son los
libros de texto) y prácticamente se han suprimido partidas económicas para la adquisición
de recursos tecnológicos y de conectividad de los centros repercutiendo parte
de los costes en las familias.
-Se apoya la creación y difusión de
plataformas digitales de naturaleza privada destinadas a la oferta de
contenidos educativos para ser empleados en el contexto escolar.
-Se consolida y potencia la incorporación al
currículum escolar tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria de
la denominada «competencia digital» a trabajar en todos los cursos y
materias (Area et. al, 2012, p.31).
Este es el panorama del sistema educativo español en
cuanto a las TIC, por ley y normativas se recoge la competencia digital,
necesaria y llevada a la práctica en cualquier área o materia:
Según la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, la competencia digital es aquella que implica
el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad (LOMCE, 2013).
Si realmente este es nuestro panorama político y
normativo, ¿por qué se suprimen las cuantías económicas para los recursos
digitales? Como cualquier otra política en España, es difícil de entender y
probablemente se haga lo contrario a lo que sería lógico, pues si estamos
desarrollando nuestra perspectiva del aprendizaje conectivista y mediante las
redes y comunidades virtuales, es ilógico prescindir de los recursos necesarios
para implementarlos en los centros educativos.
Además…
¿pensáis que están los docentes formados para enseñar en y sobre TIC a
su alumnado?
¡Nos vemos en el siguiente post!
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS:
Area Moreira, M. (et. Al). (2012). Las políticas
educativas TIC en España después del Programa Escuela 2.0: las tendencias que
emergen. Revista Latinoamericana de
Tecnología Educativa, 13(2), pp. 11-33.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.


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